En Quintana Roo #JuntosSaldremosAdelante ante el COVID-19

En México, la normatividad en materia de planeación y presupuestación gubernamental para las entidades federativas está determinada por las atribuciones establecidas en el marco del Sistema Nacional de Planeación expuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y su aplicación a través de las leyes de Planeación, Presupuesto, Contabilidad Gubernamental y recientemente en la de Disciplina Financiera.

Se debe mencionar que, en muchos casos, la atención a los preceptos mencionados no se ha traducido en la obtención de buenos resultados; si bien las leyes reglamentan con amplitud el ciclo presupuestal, prácticamente puede decirse que su uso sólo ha servido para justificar actuaciones cíclicas y tradicionales que evidencian ineficiencia, ineficacia, opacidad y poca responsabilidad en el manejo con los recursos públicos.

La promulgación de nuevos ordenamientos jurídicos han sido una solución urgente a los errores que comúnmente se cometen en el funcionamiento de los aparatos administrativos; la experiencia reciente en el estado de Quintana Roo demuestra que la improvisación, la falta de planeación, la deficiente organización y la pésima asignación presupuestal son prácticas arraigadas; es tal el descontrol que impera en la mayoría de las instancias de gobierno que después de la puesta en marcha del marco normativo citado ha sido notable la deficiente planeación gubernamental.

Es evidente que la publicación de las leyes no son acompañadas de resultados positivos tangibles en todos sus ámbitos de aplicación; es una realidad inobjetable la brecha existente entre el diseño de éstas y su distanciamiento de la realidad, puesto que en materia de planeación administrativa y buen gobierno no existe concurrencia ni consenso respecto a la atención de los preceptos, ni al rumbo único que los gobiernos deben tomar para subsanar los errores del pasado, atender las demandas y necesidades presentes, así como prevenir posibles eventualidades futuras.

La planeación administrativa del gobierno, fundamentada exclusivamente en los ordenamientos para la programación de acciones y la asignación de recursos en su ejecución no trasmite claridad en su instrumentación ni credibilidad en la gestión pública desempeñada; los gobernantes no han logrado dar curso a las demandas ciudadanas a través de una visión estratégica que garantice la satisfacción y el cumplimiento de procesos, por lo que contrariamente a lo establecido en los nuevos postulados metodológicos, lo que se reproduce de manera sistemática es un modelo de gobierno en el cual la desagregación burocrática y la falta de coordinación excluyen a los ciudadanos, tanto en el diseño como en los beneficios de las políticas implementadas, reduciendo así la acción pública a la justificación del gasto con énfasis en la atención de lo urgente, pero nunca en lo prioritario o estratégico.

El trasfondo de la situación referida se refleja en la deficiente asignación presupuestal que atiende gastos operativos y corrientes dejando de lado inversiones para la atención de problemas sociales, urbanos, ambientales y de seguridad que en conjunto comprometen gradualmente la gobernabilidad de las entidades; dicho estado de incertidumbre es reconocido como una deficiencia administrativa.

Por su parte, la evaluación gubernamental ha centrado su atención en el gasto de los recursos y no en la generación de bienes y servicios, lo que repercute negativamente en la población, cuyos derechos son vulnerados debido a la aplicación incorrecta de los programas, los cuales fracasan inevitablemente ante la complejidad de las demandas sociales y la asignación presupuestal desordenada.

Además de lo referido, los gobiernos estatales de Quintana Roo han incumplido con el manejo eficaz y eficiente del presupuesto, ya que éste no concuerda con las expectativas de la sociedad y su entorno inmediato, así como con los contextos urbano, social y político.

De manera general, los problemas administrativos se tradujeron en situaciones de confrontación e ingobernabilidad fundamentadas en dos hechos cruciales: por un lado, la inexistencia de modelos metodológicos de planeación gubernamental y, por otro, la formación difusa de sistemas programáticos que organizan acciones alejadas de estos. Equivocadamente se tomaron medidas reactivas y de atención inmediata, excluyendo la posibilidad de establecer un sistema integral de actuación administrativa con soporte de buenas prácticas en materia de planeación, programación, seguimiento, evaluación, control y transparencia.

Sin duda, aminorar los efectos nocivos generados por la falta de planeación es una tarea ardua, ya que tanto la normatividad como su operación cotidiana carecen de herramientas para la identificación y atención a las problemáticas suscitadas en el territorio.

Sin embargo, en el contexto nacional se han registrado avances importantes en la atención a la normatividad expuesta, tales como Sistemas de Evaluación al Desempeño, Políticas de Control y Vinculación Ciudadana, Fiscalización con base en Resultados y esquemas propios de programación (aunque aún sin vinculación directa con el modelo de planeación y el sistema de asignación presupuestal).

La administración estatal de Quintana Roo ha mantenido una confusión en la conformación de su modelo base de planeación al desagregar la atención de necesidades en diversas estrategias, sin el acompañamiento de objetivos estratégicos claros; asimismo, posee una organización forzada de las problemáticas por atender durante los periodos gubernamentales y no dispone de acciones claras por desarrollar para cada área que conforma la administración pública; se atestiguan postulados generales de política pública en el nivel enunciativo y, con ello, deficiencias en su aplicación, pues no se reconocen responsables directos ni actores coadyuvantes.

Un error mayúsculo quedó expuesto en el hecho de que los cuerpos administrativos avanzaron con lentitud y a contracorriente en lo que a programación y presupuesto se refiere, en su intento de dar coherencia a los Planes Estatales de Desarrollo; no obstante, las líneas de acción que se propusieron en los últimos planes de desarrollo, carecen de racionalidad técnica y administrativa, ya que hubo una tendencia a la programación gubernamental de procesos sin dirección clara hacia la obtención de resultados eficaces; de igual forma, se realizó una asignación presupuestal inercial y justificativa de techos presupuestales, sin considerar sus efectos en el desempeño para dicha tarea.

El diseño y ejecución de un modelo de gobierno sin rigurosidad metodológica en la actuación gubernamental generó un escenario propicio para la opacidad administrativa y la falta de rendición de cuentas, justificada en un sistema de programación y presupuestación desprovisto de los medios para verificar el cumplimiento de lo planeado, comprometido y pactado con la sociedad.

Así, desde la perspectiva igualitaria de oportunidades administrativas y de responsabilidad hacendaria, la metodología de Presupuesto con base en Resultados que aplicará el presente gobierno a través de este PED propone enfrentar la asignación irracional e inercial del gasto público, cambiar la verticalidad de las decisiones en materia de planeación y gestión gubernamental, reforzar los esquemas de transparencia y rendición de cuentas, pero ante todo, coadyuvar para que el gobierno estatal, en coordinación con los otros órdenes de gobierno sean aliados de los ciudadanos en el diseño y aplicación de políticas públicas orientadas a la generación de valor público.

Quintana Roo enfrenta un contexto complejo ante la fragilidad de los sistemas de planeación, programación, seguimiento, evaluación y control, vinculado a la ausencia de técnicas, que en conjunto obligan a la revisión minuciosa de la acción gubernamental; esta situación ha generado que los errores cometidos históricamente sean expuestos en la vitrina pública del contexto nacional.

A causa de las deficiencias señaladas, 2016 se caracterizó por los continuos reclamos a la autoridad gubernamental por parte de los ciudadanos, quienes manifestaron su indignación y molestia ante los abusos de los que fueron objeto; la irritación ciudadana llevó, en el ámbito electoral, a la alternancia política en el estado.

Desde el ámbito del gobierno, el panorama descrito representa un gran espacio de oportunidad para impulsar el desarrollo a través de nuevos esquemas de actuación que sean más eficaces y eficientes, en pro de la entidad.

La política de transparencia y rendición de cuentas de la actual administración tendrá en los ciudadanos a sus mejores aliados; uno de los propósitos es iniciar un proceso de sanación pública y de reconocimiento mutuo respecto a las fallas del sistema en el que todos somos actores protagónicos.

Hay que advertir que partimos de una administración pública que por más de medio siglo vivió sin alternancia: una gestión pública que generó y reprodujo vicios, malas prácticas e inercias que habrá que ir modificando mediante una política pública transversal, a través de la correcta organización y asignación de responsabilidades.

Además, se trabajará coordinadamente con los gobiernos locales en el diseño de una visión de ciudadanía socialmente compartida y con viabilidad técnica-política en su aplicación.

La falta de políticas de innovación con aplicación territorial y colaboración que influyan en el bienestar social ha generado graves contradicciones institucionales. Aunado a ello, la improvisación, falta de planeación e irresponsabilidad han conducido al endeudamiento como única salida a la mala administración de los recursos y como justificación de las funciones que se consideran primordiales en el gobierno.

Esta debacle financiera, que repercute en toda instancia y nivel de planeación, se agrava con el deficiente manejo de los problemas sociales existentes y obliga al nuevo gobierno a plantear acciones puntuales en el manejo responsable de las finanzas públicas y la administración de los recursos, pero además conduce a transparentar los manejos realizados con ellos, así como a postular nuevas acciones sustentadas en la innovación y el conocimiento.

Finalmente, es imprescindible dejar constancia respecto a la falta de corresponsabilidad con los ciudadanos en el diseño y la aplicación de políticas públicas; la existencia de nuevos ordenamientos legales indica la necesaria vinculación entre gobierno y sociedad para conformar juntos la planeación del destino común que como sociedad y gobierno se busca para Quintana Roo.

Balance general de la cuestión económica, política, social y cultural en el contexto internacional

La crisis económica desatada en 2008 menguó los intentos de un crecimiento en las economías nacionales, con fuertes repercusiones negativas en el ámbito social, gubernamental e internacional.

La incapacidad del Estado para hacer frente a los problemas económicos y sociales ha socavado la confianza y credibilidad de los ciudadanos en su poder de acción y de respuesta frente a la crisis. No sólo se han recrudecido los problemas sociales sino que también se ha detenido el desarrollo en infraestructura y en las inversiones pública y privada; países como México, con menores índices de crecimiento, redujeron su capacidad de resolver tales problemáticas, lo que ha generado un clima de inseguridad e inestabilidad social.

La crisis económica también afecta las finanzas de los tres órdenes de gobierno, debido a los distintos recortes presupuestales que se aplican año con año.

Las fluctuaciones macroeconómicas, las variaciones en los precios del petróleo, del gas, y el tipo de cambio, son determinantes en el saneamiento de la economía y las finanzas públicas; por ende, la capacidad de un manejo transparente y responsable de los recursos son claves para dar la pauta a un crecimiento progresivo.

 Ante esta situación económica los gobiernos están obligados a desempeñar una administración de los recursos públicos bajo un ejercicio equilibrado del gasto y en la posibilidad de allegarse de una mejor manera de ingresos, evitando en la medida de lo posible un endeudamiento constante que eventualmente ocasiones la quiebra de las finanzas públicas. Para el caso de la política, en todo el mundo se vive un retrotraimiento en la manera de comprender el papel del Estado y su ejercicio del poder.

 Por varias décadas, de 1970 hasta el año 2000, la teoría del Estado Mínimo se llevó a la práctica, augurando en su auge una época de estabilidad política en los países democráticos —ya sea por su afianzamiento (en el caso del mundo Occidental), o de la transición a gobiernos democráticos después de años de dictaduras o gobiernos autoritarios (caso América Latina o Europa del Este).

La democracia y el Estado Mínimo se convirtieron en los modelos de desarrollo y de estabilidad política; a partir de la generación de consensos, de la noción de competencia efectiva y de valores sustentados en la pluralidad, se atribuía a la política el principio para la resolución de conflictos, de una manera pacífica y coherente con la estabilidad social.

Sin embargo, a partir del año 2000, distintos acontecimientos a lo largo del mundo han modificado la visión de una política basada en el consenso y de un Estado mínimo, para dar paso a una política del conflicto, de confrontación, y la percepción de la necesidad de un Estado fuerte y ampliado, capaz de sortear tanto la crisis económica como la inestabilidad política y social.

Los problemas derivados de la falta de seguridad en México han adquirido rasgos muy particulares y el ejercicio del poder se ha debido mostrar a partir de acciones contundentes, con el fin de paliar los efectos de una inestabilidad que se acrecienta día a día; la incertidumbre ya no concierne sólo a la democracia, sino a la subsistencia con dignidad de grandes sectores de la sociedad.

La política no sólo requiere ahora de consensos para poder hacer frente a los mayores retos; antes bien, lo que necesita perentoriamente es un ejercicio efectivo del poder para dar cauce a las demandas más apremiantes y mostrar la solidez institucional. Es claro entonces que estos dos momentos —de crisis económica y política— profundizan una sensación de perplejidad entre gobernantes y gobernados.

La protesta social es constante y cada vez más exacerbada, pasando por las llamadas revoluciones de colores en el mundo oriental a las protestas sociales contra la corrupción y los sistemas autoritarios de Latinoamérica y Europa Occidental.

Ante la incertidumbre permanente, la sociedad se muestra descontenta e insatisfecha con la actuación de los gobiernos, con su capacidad de respuesta y de acción; por lo tanto, se suscita una actitud de confrontación con las instituciones que, ya sea en mayor o menor grado, ocasiona una inestabilidad política y cuestiona en distintos grados la eficacia y la eficiencia institucional.

Igualmente, los cambios demográficos, de movilidad social, de sentido de vida de los distintos sectores sociales, obligan a adoptar otro tipo de respuesta por parte de las instituciones, por ejemplo, para el caso de México, la pirámide poblacional se concentra en la población joven de los diez a los cuarenta años, de modo que se prevé que para 2030 transite para concentrarse entre los dieciocho y los cuarenta años, lo que genera otras demandas y necesidades institucionales.

Por lo expresado, es urgente que la acción gubernamental se destine a generar los mecanismos propicios para lograr la estabilidad social que los ciudadanos sienten haber perdido en su cotidianidad.

 En la medida en que las personas experimenten en su vida diaria mayor estabilidad, el ejercicio institucional podrá ejercer el poder para la satisfacción social. La cotidianidad es una categoría de análisis necesaria para comprender las dinámicas sociales, incidir en ellas y prever el conflicto social.

Debido a los cambios que se propician en cada sociedad, es necesario que los valores sean incluidos en el análisis interno de los gobiernos; entender que la realidad es dinámica implica comprender por igual que los valores sociales se modifican en función de paradigmas respecto a cómo se logra ver la sociedad a sí misma; en este sentido, algunas instituciones siguen funcionando a partir de una dinámica que para amplios sectores de la sociedad es ya caduca.

Si los valores democráticos (pluralidad, tolerancia y solidaridad, entre otros) en las décadas de 1960 a 1990 fueron los que propiciaron grandes cambios políticos, actualmente una nueva gama de valores (éxito, independencia, competencia) propicia otro sentido de realidad a la cual los gobiernos y las instituciones se enfrentan sin que hasta ahora se perciba una respuesta inmediata y satisfactoria, ya sea porque no cuentan con los mecanismos para afrontarlos o porque institucionalmente se encuentran rebasados como para poder dar una respuesta inmediata.

La amplia agenda en materia de género, grupos vulnerables, minorías, sexualidad, relaciones intrasocietales, relaciones laborales, familiares, e incluso de sentido de vida en poblaciones jóvenes, son factores determinantes que no deben ser soslayados por ningún gobierno (como se hacía mención respecto a la problemática demográfica y su incidencia en la vida económica y política; así como la reducción de edad para votar a los 16 años, está dentro del actual debate político en México; la generación de trabajadores por cuenta propia, quienes no forman parte de la economía de una manera tradicional).

El ambiente que influye en el sistema político se nutre de todos los ámbitos de la esfera social, por lo tanto, entender las perspectivas valorativas debe ser contemplado a la hora de plantearse el ejercicio administrativo, institucional y del poder.

La transparencia, la rendición de cuentas, el gobierno digital y la nueva gestión pública, forman parte de los cambios a los que se enfrenta la administración, ya que son parte de esta transición social, y porque son exigencias de carácter público. La era digital, por ejemplo, ha planteado un sentido del ejercicio institucional y administrativo a partir de niveles de exigencia distintos al pasado reciente.

Si antes la respuesta de los gobiernos era el mecanismo mediante el cual se alcanzaban los satisfactores sociales y se propiciaba estabilidad, ahora los gobiernos no sólo deben dar soluciones eficaces sino de manera transparente y deben dar cuenta del ejercicio de los recursos y del manejo del poder.

Los gobiernos responsables son parte del tema central que ocupa el debate político y administrativo actual de nuestro país; una responsabilidad que se centra en la capacidad de rendir cuentas a partir de procesos y dinámicas transparentes en el ámbito del ejercicio institucional y administrativo; una responsabilidad en el manejo de los recursos públicos y del saneamiento de las finanzas públicas. Las demandas sociales más sentidas y la crisis de inestabilidad que se padece se centran en la percepción, por parte de los ciudadanos, de que los gobiernos usan los recursos públicos a discreción y mediante mecanismos de opacidad sustentados en añejas prácticas de corrupción; de ahí que el rechazo social se acreciente constantemente.

Las herramientas tecnológicas y el acceso a otros medios de información y comunicación también dan la pauta para nuevas exigencias sociales; la administración y las instituciones se enfrentan a la llamada viralización de la transparencia.

Este panorama general sirve para plantear cuestiones puntuales que tendrán que analizarse a detalle para lograr un mejor alcance y previsión política, con el fin de establecer acciones administrativas soportadas en mecanismos de programación, seguimiento, evaluación, orden y control, para asignar de manera eficiente los recursos públicos en la atención de las demandas sociales.

En la actual dinámica mundial los gobiernos contemporáneos tienen frente a sí diversos retos de carácter político, económico, social y cultural, así como la configuración de los valores que imperen en el constructo de reconocimiento mutuo.

Por lo tanto, hay un cambio de paradigmas en cuanto a la comprensión de las dinámicas sociales y, por ende, sobre el funcionamiento de los gobiernos y del Estado, tanto en el diseño como en la implementación de las políticas y las acciones gubernamentales pues éstas deben estar acordes con los procesos.

Entender la cuestión del Estado en sus distintos órdenes de poder y de gobierno implica entender la cuestión del desenvolvimiento del mundo en todos los ámbitos de la existencia social.

Un gobierno debe tener la capacidad de reaccionar a los distintos procesos y problemas que se generan en la realidad; sin embargo, la respuesta de los gobiernos no puede medirse a partir de las nociones de eficiencia y eficacia, pues la responsabilidad que asuma frente a las acciones emprendidas, la manera en que actúa, y la transparencia en el ejercicio del poder, son hoy en día claves para la 205 política y el ejercicio administrativo, pero sobre todo son un aliciente para los ciudadanos en la necesaria tarea de gobernar corresponsablemente.

Contexto Territorial-Gubernamental

A mediados del año 2016 Quintana Roo se clasificó como una de las entidades con los peores resultados en materia de transparencia, innovación, finanzas públicas, planeación, programación y evaluación.

Para cualquier gobierno los datos presentados ponen en riesgo la gobernabilidad del territorio; a pesar de ello, las particularidades y ventajas geográficas de Quintana Roo se constituyen en áreas de oportunidad para hacer frente a las problemáticas señaladas en el ámbito administrativo.

Es importante mencionar que el territorio de Quintana Roo, sus características, problemas y potencial, están magnificados por su medio físico y capacidades funcionales. Las cualidades del contexto gubernamental-territorial se pueden simplificar mediante el siguiente decálogo:

• Las ventajas geográficas de localización, que convierten a este estado en el destino turístico nacional e internacional por excelencia, así como también en un espacio de alta competitividad para el desarrollo de proyectos en materia de servicios vinculantes.

• Elementos geográficos-ambientales que permiten la práctica de la agricultura local que gradualmente registra un decremento al ser desaprovechada.

• Multiculturalidad como expresión de la diversidad y riqueza que guarda su población, pero que lamentablemente ha sido relegada en la formulación de políticas, así como en su aplicación.

• Educación segregada territorialmente y sin vinculación con las potencialidades del territorio; en ello se observa la falta de impulso a la innovación tecnológica, la baja generación de conocimiento y el incipiente fomento a la cultura.

• Es la entidad federativa más joven en el país y la única ventana al mar Caribe, por lo que resulta inexplicable la limitada producción de políticas vinculatorias con esta característica.

Construir un buen gobierno implica la apertura de su actuación al escrutinio público a través de mecanismos que garanticen a los ciudadanos accesibilidad total al ejercicio de la función pública e impulsen esquemas de corresponsabilidad en la elaboración de políticas públicas encaminadas a la formación de una conducta ética en el funcionamiento administrativo, transparencia en la asignación y el manejo de recursos públicos, así como la rendición de cuentas de acuerdo a las metas establecidas en el corto, mediano y largo plazos.

Al convocar la honestidad, la justicia y la confiabilidad como componentes de la transparencia será en la presente administración un principio de actuación que permita forjar, en la totalidad del cuerpo burocrático, una actitud de apertura y diálogo constante con los ciudadanos.

En esta práctica se gestan ventajas competitivas, así como mayores beneficios en la atención de necesidades sociales, pues se conforma un ambiente de confianza, reconocimiento y apropiación de las acciones al reducir la discrecionalidad y evitar los actos que propicien corrupción.

Aunado a ello, la rendición de cuentas es una herramienta para fortalecer la democracia y credibilidad de los ciudadanos en sus autoridades, siempre y cuando éstas informen de manera clara sobre sus decisiones y justifiquen las acciones emprendidas, con el acompañamiento de mecanismos de control y sanción para quienes no se conduzcan de acuerdo a la Ley.

Para el gobierno estatal, la transparencia, la rendición de cuentas, el orden, el control y el combate a la corrupción, son principios de actuación cotidiana con sustento legal en su aplicación, los cuales se instituyen en prácticas de gobierno que gozan de amplio reconocimiento. La adopción de estos principios por quienes conforman la administración debe estar respaldada por el reconocimiento de la situación actual que guarda la entidad; sólo a partir de ello será posible identificar las causas y las alternativas de acción para la consolidación de la tarea mencionada.

Durante los últimos años han sido pocos los gobiernos que han sustentado con hechos su convicción de que la transparencia, la rendición de cuentas y el combate a la corrupción deben ser una realidad, no sólo un buen argumento discursivo para diferenciarse de gobiernos antecesores, pero también hay quienes consideran al conjunto de prácticas y herramientas antes citadas como una obligación innecesaria que cuestiona su actuación sin aportar beneficios tangibles. Se debe subrayar que la relevancia de la transparencia gubernamental radica en la vinculación entre los ciudadanos y la autoridad en el ejercicio de rendición de cuentas, con el propósito de disminuir los niveles de corrupción y recuperar la confianza en las instituciones.

Quintana Roo se encuentra actualmente entre los estados más rezagados en materia de transparencia, acceso a la información pública y gobierno abierto, razón por la que carece de estrategias, métodos o sistemas para la prevención, detección o combate a la corrupción.

Esta situación fue originada por diversos factores que se reflejaron en el desorden administrativo de gobiernos acostumbrados a actuar bajo el amparo de la secrecía, la confidencialidad y la supuesta experiencia en el manejo de información pública, que impedía a los ciudadanos ejercer su derecho de acceso a la información pública gubernamental.

El desinterés y desidia de anteriores administraciones imposibilitaron instrumentar acciones, proyectos y programas indispensables para fomentar la cultura de la legalidad y la rendición de cuentas. A esto obedece que la entidad se encuentre en los últimos lugares de las evaluaciones realizadas por organismo nacionales expertos en la materia.

La disposición de información fiscal generada por el gobierno de Quintana Roo fue catalogada en 2015 en el rubro de carente en cuanto a la atención de las disposiciones establecidas en la Ley de Coordinación Fiscal y la Ley de Contabilidad Gubernamental; esto se observó en la presentación de la cuenta pública, el presupuesto de egresos, los reportes respecto a la deuda y finanzas públicas, así como en los programas anuales de evaluación que son usuales en todas las entidades federativas y que sirven de argumento para la asignación presupuestal a las dependencias y entidades de la administración.

El quehacer de las instituciones se transforma a la par que la sociedad: la posibilidad de respuesta institucional es proporcional al constante flujo de demandas de solución a diversas necesidades y a las percepciones de la sociedad, lo que obliga a los gobiernos a efectuar un análisis puntual de los recursos de los que las instituciones disponen para hacer frente a los problemas de carácter público.

La adaptabilidad de las instituciones puede darse a partir de una coyuntura en particular, que condicione y modifique sus acciones; para tal efecto la estabilidad financiera será determinante para orientar el rumbo del accionar gubernamental y para establecer la relación de trabajo con la sociedad.

En México, el manejo de las finanzas públicas es considerado un catalizador de las transformaciones sociales, pues el dispendio de recursos públicos, la falta de orden y la opacidad en la asignación de estos conduce a la desaprobación de las acciones de los gobiernos y provoca serios cuestionamientos de los resultados que se alcanzan, todo lo cual obliga a los gobiernos a rehuir la transparencia e incumplir el principio de máxima publicidad para contrarrestar sus efectos; la tónica para contrarrestar esto es justificar la racionalidad administrativa, así como establecer mejores formas de planear y ejercer el dinero público.

Tanto este apartado, como el que le antecedió, tiene fundamento en las reformas al artículo 6o. constitucional, en el que el principio de máxima publicidad quedó establecido, con el fin de que cualquier persona tenga el derecho de conocer cómo se gastan los recursos públicos y cuáles son las acciones de gobierno; y, al mismo tiempo, obliga a todas las instituciones a dar respuesta efectiva y pronta a tales cuestionamientos. Aunado a ello, durante el año 2016 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la nueva Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, mediante la que se establecen ordenamientos en materia de responsabilidad hacendaria que tienen por objeto el manejo sostenible de las finanzas públicas.

Quintana Roo representa la antítesis de los principios de responsabilidad hacendaria, al registrar un alto endeudamiento sin clara justificación en la utilización de los recursos y su incremento sustancial durante el último sexenio, además de la deuda de corto plazo, que contraviene el correcto manejo de los recursos públicos.

De lo anterior se deduce que el manejo de las finanzas públicas se aparejó con el endeudamiento acelerado, al amparo de la opacidad, que impidió la racionalidad administrativa y la rentabilidad en las inversiones; eso afectó las participaciones federales y comprometió la estabilidad de las finanzas públicas.

Aunado a ello, se debe considerar que la normativa para la regulación del endeudamiento es de fecha reciente y su aplicación exige modificaciones en los estatutos locales, pues la debilidad legislativa e institucional que prevalece en la entidad se refleja en la apertura para la contratación de deuda pública para el financiamiento de inversiones públicas productivas o desastres naturales, que en la mayoría de los casos nunca garantiza el registro adecuado de dichas obligaciones, así como fuentes de pago certeras.

El siguiente subcapítulo del Diagnóstico Causal evalúa la situación de las finanzas públicas del estado de Quintana Roo. Lo primero que hay que observar es que la tendencia histórica al endeudamiento no es propia de una sola administración, la cual además ha sido protegida por un marco de actuación institucional que ha permitido esa práctica, tanto en el contexto nacional como en el local. Esto ha derivado en la inexistencia de mecanismos de control y evaluación en la asignación y el ejercicio de recursos públicos. Por otro lado, la perspectiva del análisis técnico con apoyo de fuentes oficiales de información presenta la situación actual de las finanzas públicas, considerando la gestión del último sexenio de gobierno, el cual será el punto de referencia para proponer estrategias de acción en el corto y mediano plazos.

Situación de las Finanzas Públicas de Quintana Roo (perspectiva técnica)

Ingresos

Según la Ley de Ingresos del estado de Quintana Roo,44 para el ejercicio fiscal 2016 el estado recibió ingresos por un monto total de $24,485,736,208.00 (Veinticuatro mil cuatrocientos ochenta y cinco millones setecientos treinta y seis mil doscientos ocho pesos). El origen de esos ingresos parte de tres fuentes de financiamiento: los ingresos propios, los derivados de participaciones y aportaciones federales, como los que son producto de la coordinación fiscal y otros convenios establecidos con la federación. Así, la autonomía financiera del estado con respecto a los recursos federales fue de 16% (ver gráfica 3.10).

La historia reciente de la administración pública de Quintana Roo se caracteriza, como lo hemos descrito, por la actuación inercial del gobierno que mediante la programación de procesos y la ausencia de metas establecidas con indicadores adjuntos efectuó asignaciones presupuestales a dependencias, entidades y organismos, bajo la lógica de justificación al desempeño.

Hay que tener en cuenta, no obstante, que el aparato gubernamental de la entidad forma parte de un sistema administrativo de carácter nacional que muchos gobiernos adoptaron, acoplando normativas que permitían esta situación a todas luces anómala; las acciones de gobierno se justificaban con el supuesto beneficio a la población, regulado por la ejecución del presupuesto. Aun con ello, destacan los avances realizados en materia de programación y evaluación en los que se detectan áreas de oportunidad de acuerdo a los nuevos lineamientos para la asignación, la clasificación y el ejercicio de los recursos públicos.

Alejarse del sistema inercial del gobierno no es una tarea sencilla, pero sí necesaria en el mediano y largo plazo, pues el ciclo presupuestario carece de mecanismos para evaluar los resultados obtenidos.

En todo México, a partir de la publicación de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH) y la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG), se dio paso a modificaciones estructurales —dadas por las circunstancias propias del contexto— en el proceso de asignación presupuestal, con el único objetivo de que los recursos públicos encontraran justificación en los resultados obtenidos y no tan sólo en la programación de acciones. Lo anterior expone la necesidad de dar un mejor uso a los recursos públicos para que los gobiernos se comprometan a mejora la calidad de vida de la población.

La entrega de mejores bienes y servicios fue forzada coyunturalmente por la transparencia —que no la rendición de cuentas— para dignificar la tarea gubernamental. En el corto plazo, la iniciativa fue presentada con apuro y sin consciencia de la dificultad que implica transitar de un modelo de gobierno anquilosado y opaco a procesos transparentes y susceptibles de ser evaluados, traería al frente una lamentable realidad nacional: en México se podía ser transparentemente corrupto; el conocer en qué se gastan los recursos públicos generó mayor desconcierto en la población que legitimidad al gobierno; en conjunto, las consecuencias mencionadas no permitían garantizar mayores impactos positivos en la vida de los mexicanos.

El anterior estado de cosas hizo perentorio determinar lineamientos organizacionales orientados al cambio de modelos y a la transformación del sistema de gobierno, en el que los beneficios a la población fueran el referente válido para la asignación del presupuesto. A la larga, esos lineamientos cristalizaron en la Transparencia Presupuestaria, la cual es “una herramienta para presentar de manera comprensible, confiable y oportuna, datos e información sobre los procesos de planeación, programación, ejercicio, seguimiento y evaluación del presupuesto público”.

El debate se centró entonces en cómo conseguir los objetivos planteados, considerando que las herramientas de trabajo en la mayoría de los gobiernos nacionales se concibieron con base en un modelo que estaba mostrando ya serias fallas. La normativa establecida en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH) y la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG) dio paso a la implementación del Presupuesto con Base en Resultados (PbR) y el Sistema de Evaluación al Desempeño (SED), a fin de sustituir los Programas Operativos Anuales y con ellos la programación de procesos carentes de calidad en el gasto público, compromisos en la entrega de bienes y servicios, la transparencia y la efectiva rendición de cuentas, como se estipuló en el primer apartado del presente diagnóstico.

Evaluar el desempeño gubernamental será indispensable para vigilar la actuación del gobierno, a través de los programas y de las políticas públicas implementadas; la tarea fundamental es la construcción de indicadores estratégicos y de gestión con el fin de verificar que los resultados y las metas programadas sean congruentes con el ejercicio de los recursos y los beneficios obtenidos por la población.

Partiendo de lo anterior, el PbR-SED quedó sujeto a peritaje en cuanto a la implementación y adopción de la metodología por parte de los gobiernos en las 31 entidades y el Distrito Federal en el ejercicio fiscal del año 2010, de esta manera se efectuó una evaluación nacional en la que los diversos componentes considerados mostraron una realidad para todos palpable y justificable: la parálisis administrativa y el conformismo político habían sido los ingredientes necesarios para dar forma, en la mayoría de los casos, a gobiernos inoperantes que justificaban su actuación en la instauración de procesos exitosos pero sin resultados tangibles que redundara en una mejor calidad de vida de la población.

Presupuesto de Egresos de la Federación, Proyecto Versión Ciudadana 2015, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Transparencia Presupuestaria, Observatorio del Gasto.

El principio sostenido por la SHCP fue, durante la primera evaluación, que las entidades federativas y los municipios iniciaban un proceso complicado para transitar hacia un modelo presupuestario basado en resultados e indicadores de desempeño, por lo que se empezarían a notar transformaciones significativas en todas las administraciones y principalmente en la calidad de vida de la población. En este contexto, el estado de Quintana Roo fue clasificado en el grupo de entidades federativas que se encontraban en proceso de implementación del PbR-SED, por lo que ocupó el nada honroso penúltimo lugar nacional, lo que acusó falta de atención a los lineamientos en la materia, una deficiente organización administrativa con operación sustentada en procesos, carencia en sistemas de evaluación al desempeño, opacidad gubernamental y, por ende, baja calidad en la prestación de servicios a la población (ver gráficas 3.19, 3.20,3.21 y 3.22).

El aprovechamiento de inversiones es un elemento fundamental para lograr que las entidades sean competitivas; de ello depende la creación de condiciones para el impulso sustentable de la economía y, por ende, su impacto directo en la calidad de vida de las familias. Lamentablemente, el potencializar conocimiento y desarrollar talento en el contexto local es un área que no ha sido atendida, pues comúnmente los esfuerzos se han dirigido a ganar competitividad en relación directa y exclusiva con el sector empresarial. En ese tenor, el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) ubicó a Quintana Roo en el año 2016 por encima del promedio nacional respecto a las capacidades estructurales y coyunturales para la atracción y retención de talento e inversiones (ver gráfica 3.27).

PLAN DE ACCIÓN

Objetivo General:

Contar con una administración pública comprometida con la obtención y evaluación de resultados, transparente en su actuar y con la rendición de cuentas como práctica usual en su acontecer, resguardando responsablemente las finanzas públicas e innovando en la práctica gubernamental, permitiendo así, generar una relación de co-creación con la ciudadanía en el corto, mediano y largo plazos.

Estrategia General:

Transitar de los métodos de programación soportados en procesos, a la programación presupuestaría con base en resultados, bajo el acompañamiento de un Sistema de Evaluación del Desempeño que nos permita integrar indicadores estratégicos y de gestión para medir los avances en la consecución de los objetivos y metas establecidas en el PED, así como informar oportunamente a la ciudadanía respecto al estado que guarda la administración y garantizar la asignación y manejo responsable de los recurso públicos.

Dependencias, organismos y entidades responsables:

• Secretaría de Finanzas y Planeación.

• Oficialía Mayor.

• Secretaría de la Gestión Pública.

• Archivo General del Estado de Quintana Roo.

• Instituto Quintanarroense de Comunicación Social.

• Vocero del Gobierno del Estado.

• Secretaría Particular del Ejecutivo.

• Consejería Jurídica del Gobierno del Estado.

PROGRAMA 13: GOBIERNO TRANSPARENTE Y DE PUERTAS ABIERTAS.

Objetivo:

Construir de la mano de los ciudadanos un gobierno honesto, confiable y transparente, soportado en la rendición de cuentas y el acceso a la información pública como herramientas para garantizar equidad política y social.

Estrategia:

Exponer, bajo el principio de máxima publicidad, el modelo de planeación y programación presupuestal del gobierno, cobijado por la capacitación a la ciudadanía para el ejercicio efectivo del derecho de acceso a la información pública.

Meta:

Conformar el primer Secretariado General para el impulso al Gobierno Abierto en Quintana Roo.

Líneas de Acción:

3.13.1 Implementar y ejecutar las acciones conducentes para el correcto anclaje y funcionamiento del Sistema Estatal Anticorrupción.

3.13.2 Registrar, en los términos que corresponda a la ley, las declaraciones patrimonial, fiscal y de intereses por parte de servidores públicos.

3.13.3 Fomentar con apoyo de Organizaciones de la Sociedad Civil, programas de acompañamiento y asesoría en materia de Cultura de la Legalidad para funcionaros públicos.

3.13.4 Fomentar el principio de máxima publicidad a través de la publicación y actualización de la información pública.

3.13.5 Publicar el listado de Indicadores Estratégicos y de Gestión que permitan a los ciudadanos, verificar el avance en el cumplimiento de los objetivos establecidos en el Plan Estatal de Desarrollo.

3.13.6 Publicar la versión ciudadana de los Reportes Ejecutivos del Desempeño de la administración pública estatal.

3.13.7 Coordinar las acciones al interior de la administración pública para el cumplimiento de las recomendaciones efectuadas por organismos nacionales e internacionales, en materia de transparencia, acceso a la información pública, rendición de cuentas, apertura gubernamental y combate a la corrupción.

3.13.8 Fomentar la participación de Organizaciones de la Sociedad Civil en las tareas de transparencia, acceso a la información, rendición de cuentas, combate a la corrupción y cultura de la legalidad.

3.13.9 Auxiliar la conformación de Unidades de Transparencia y Acceso a la Información Pública en cada dependencia, entidad y organismo de la administración pública estatal, así como fortalecer las existentes.

3.13.10 Auxiliar la conformación de Comités de Transparencia al interior de cada dependencia, entidad y organismo público del gobierno del estado, a fin de facilitar al ciudadano el ejercicio de su derecho a acceder a información pública y rendir cuentas de manera efectiva.

3.13.11 Integrar con apoyo los sectores educativo, empresarial y social, el Programa Anual de Capacitación para la Transparencia y Rendición de Cuentas dirigido a funcionarios públicos.

3.13.12 Promover la actualización de información de carácter público que las dependencia, entidades y organismos ponen a disposición de la ciudadanía a través portal web del gobierno. (Transparencia Activa)

3.13.13 Difundir ante la población las facultades, competencias y funciones desarrolladas por cada entidad, dependencia y organismo que conforman al gobierno estatal, a fin de que cuente con elementos para la solicitud de información y la exigencia de rendición de cuentas. (Transparencia Proactiva)

3.13.14 Impulsar la promoción de materiales de difusión en lenguaje ciudadano respecto a la importancia de la transparencia, acceso a la información pública y rendición de cuentas. (Transparencia Proactiva)

3.13.15 Atender de manera oportuna, todas los requerimientos de información efectuados por la ciudadanía.

3.13.16 Otorgar a la ciudadanía, medios alternativos a los portales electrónicos de gobierno, para el ejercicio de su derecho de acceso a la información pública y exigencia de rendición de cuentas.

3.13.17 Integrar los lineamientos generales para la adopción del modelo Datos Abiertos en la administración pública estatal de conformidad con los lineamientos federal.

3.13.18 Promover la integración y socialización de la información gubernamental en Formato de Datos Abiertos.

3.13.19 Conformar en coordinación con las dependencias, entidades y organismos de la administración estatal, el repositorio datos.qroo.cloud en el marco de la estrategia Datos Abiertos para el Desarrollo.

3.13.20 Celebrar acuerdos de colaboración con el sector educativo y organismos especializados, para la integración de un Observatorio de Compromisos y Políticas Públicas.

3.13.21 Diseñar e integrar en los planes de estudio esquemas de aprendizaje en materia de transparencias y combate a la corrupción.

3.13.22 Identificar en coordinación con todas las dependencias, entidades y organismos de la administración pública estatal, la información estratégica y/o transversal de interés público que puede ser puesta a disposición de la ciudadanía independiente a la marcada como obligatoria por la ley. (Transparencia Proactiva)

3.13.23 Diseñar e Implementar, en programa Barómetro Comunicativo que permita dar a conocer a la celebración de contratos y asignación de recursos a los servicios de comunicación y publicidad oficial.

3.13.24 Fomentar en coordinación con la Secretaría de Gobierno la publicación y circulación del periódico oficial del gobierno del estado en formato digital de forma oportuna.

3.13.25 Vigilar que la Secretaría de Finanzas y Planeación publique periódicamente un reporte respecto a la deuda pública que guarda el estado, explicando las contribuciones, pagos realizados, faltantes por cubrir y plan de acción y control en la finanzas públicas estatales en el corto, mediano y largo plazo.

3.13.26 Publicar los Informes de Resultados de las Auditorías al Ejercicio Presupuestal del gobierno estatal.

3.13.27 Impulsar en coordinación con la Oficialía Mayor, la transparencia en los procedimientos efectuados por los comités de adjudicación en materia de prestación de servicios.

3.13.28 Atender las actividades administrativas, técnicas, jurídicas y de staff.

PROGRAMA 14: COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN GUBERNAMENTAL

Objetivo:

Establecer canales de comunicación efectiva con la ciudadanía para el fomento al sentido de identidad, socialización de las acciones gubernamentales y la vinculación de la población en el quehacer gubernamental dentro del diseño, implementación, seguimiento y evaluación de políticas públicas.

Estrategia:

Estructurar y operar las herramientas de comunicación gubernamental hacía la generación de conocimiento, educación e información respecto a la salvaguarda de los valores y la identificación de similitudes sociales, así como la aplicación del modelo gubernamental que atiende las principales demandas ciudadanas.

Meta:

Conformar el Consejo Ciudadano de Comunicación para la integración de contenidos informativos y vinculación social, durante los 6 primeros meses de gobierno.

Líneas de Acción:

3.14.1 Establecer y ejecutar la estrategia de comunicación y vinculación social del gobierno en materia de comunicación.

3.14.2 Construir en coordinación con todas las dependencias y entidades del estado, los contenidos de comunicación que soportados en la estrategia de comunicación y vinculación social se desarrollarán durante la administración.

3.14.3 Fomentar el derecho de máxima publicidad en las acciones de gobierno.

3.14.4 Organizar y coordinar campañas de orientación y difusión de las acciones del gobierno.

3.14.5 Producir y difundir de información en materia de protección civil.

3.14.6 Producir y difundir información social, educativa y cultural de la entidad.

3.14.7 Efectuar la coordinación de fuentes informativas a nivel local, regional, nacional e internacional.

3.14.8 Proponer la producción de contenidos especiales en materia de información, comunicación y vinculación.

3.14.9 Establece estrategias de interconectividad para la difusión de contenidos en materia de información, comunicación y vinculación.

3.14.10 Celebrar convenios de colaboración a nivel local, regional, nacional e internacional para la producción y difusión de información gubernamental.

3.14.11 .Desplegar con apoyo de todas las universidades, la primera red de comunicación interinstitucional para la innovación y socialización de información.

3.14.12 Propiciar la celebración de encuentros nacionales e internacionales para la evaluación de experiencias en materia de telecomunicaciones e información con enfoque gubernamental.

3.14.13 Efectuar en coordinación con el sector empresarial, educativo, gobiernos municipales y con las secretarías de turismo y desarrollo económico, la promoción de los atractivos de todo el estado.

3.14.14 Atender las actividades administrativas, técnicas, jurídicas y de staff.

PROGRAMA 15: GOBIERNO DIGITAL Y CON INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

Objetivo:

Facilitar y promover la innovación en los sectores público, social y económico empleando estratégicamente las tecnologías de la información y de telecomunicaciones, así como propiciar la transferencia de datos e información de conocimiento relevante para garantizar la calidad, eficiencia y eficacia de la atención de las necesidades de los quintanarroenses y elevar la confianza de los ciudadanos en su gobierno.

Estrategia:

Impulsar la Agenda de Innovación Gubernamental para modernizar e incrementar la productividad del estado y gradualmente sistematizar y modernizar los trámites y servicios que proporciona el gobierno.

Meta:

Integrar durante el primer año de la administración, la primera Agenda de Innovación Gubernamental.

Líneas de Acción:

3.15.1 Desarrollar el Modelo de Innovación Gubernamental para la generación de conocimiento.

3.15.2 Administrar y mejorar los contenidos del Portal Web del Gobierno estatal.

3.15.3 Impulsar, en coordinación con las dependencias, entidades y organismos, la modernización de trámites y servicios de carácter estatal susceptibles de ser efectuados de manera remota y sencilla.

3.15.4 Promover el incremento de las búsquedas en la Página Web del gobierno.

3.15.5 Diseñar e integrar, con apoyo de las Secretarías de Infraestructura y Desarrollo Social, espacios de conectividad gratuita a internet y convivencia social.

3.15.6 Crear y administrar el Portal de Datos Abiertos del gobierno del estado, actualizando sus contenidos con una periodicidad mensual.

3.15.7 Impulsar, en coordinación con el gobierno federal, la democratización de las tecnologías de la información.

3.15.8 Diseñar y poner en marcha el programa Caravanas de Tecnología, con el fin de efectuar jornadas de capacitación en el uso y manejo de las nuevas tecnologías de la información para reducir el analfabetismo digital en zonas de atención prioritaria.

3.15.9 Poner en marcha, en colaboración con el sector educativo y la Secretaría de Desarrollo Económico, la Plataforma de Información Estratégica para la Atracción de Inversión.

3.15.10 Desplegar, con apoyo de todas las universidades, la primera red de comunicación interinstitucional para la innovación y socialización de la información.

3.15.11 Garantizar el correcto funcionamiento del Sistema Integral de Programación, Evaluación y Control al desempeño gubernamental con el enfoque del PbR.

3.15.12 Integrar, en colaboración con la Oficialía Mayor, el Programa Anual de Capacitación para Servidores Públicos.

3.15.13 Desarrollar, en coordinación con la Secretaría de la Gestión Pública, la plataforma de administración y sistematización de las solicitudes ciudadanas en materia de transparencia y rendición de cuentas.

3.15.14 Desarrollar, en coordinación con la Secretaría de Gobierno, el sistema de recepción, administración, canalización y respuesta a peticiones y demandas ciudadanas.

3.15.15 Promover tecnologías innovadoras dirigidas a personas con discapacidad y hablantes de lengua indígena, para garantizar el principio de inclusión universal en las actividades del gobierno.

3.15.16 Desarrollar, en coordinación con las Secretarías de Desarrollo Económico y Turismo, herramientas de información turística mediante las nuevas tecnologías de la información.

3.15.17 Establecer, en coordinación con la Secretaría General de Gobierno, la estrategia de comunicación y vinculación social entre el gobierno y los ciudadanos.

3.15.18 Elaborar, en coordinación con todas las dependencias y entidades del estado, los contenidos de comunicación televisivos y radiofónicos que, soportados en la estrategia de comunicación y vinculación social, se notificarán durante la administración.

3.15.19 Impulsar, en coordinación con la Secretaría de la Gestión Pública, los procesos de modernización y simplificación administrativa.

3.15.20 Garantizar las condiciones básicas de conectividad interna de las dependencias, entidades y organismos descentralizados.

3.15.21 Propiciar encuentros nacionales e internacionales para la evaluación de experiencias en materia de innovación y telecomunicaciones.

3.15.22 Desarrollar, en coordinación con la Oficial Mayor, el proyecto para la creación de Centros Integrales de Servicios en la región sur y norte del estado.

3.15.23 Integrar, en colaboración con el sector empresarial, el proyecto para la conectividad a través de fibra óptica en la entidad.

3.15.24 Promover un programa para el impulso al talento en innovación y tecnología.

3.15.25 Impulsar la creación de una oficina de transferencia.

3.15.26 Impulsar, en coordinación con la Secretaría de Economía, la inversión en innovación por parte del sector empresarial y su vinculación con el capital intelectual.

3.15.27 Crear un banco de buenas prácticas nacionales e internacionales para el desarrollo de la innovación y el conocimiento, a fin de reproducirlas en el estado.

3.15.28 Alentar, en colaboración con los sectores empresarial y educativo, el desarrollo de soluciones ciudadanas que innoven en el quehacer gubernamental.

3.15.29 Atender las actividades administrativas, técnicas, jurídicas y de staff.

PROGRAMA 16: ADMINISTRACIÓN RESPONSABLE DE RECURSOS.

Objetivo

Procurar el adecuado funcionamiento administrativo de las dependencias, entidades y organismos bajo los principios de austeridad, racionalidad y responsabilidad para atender los lineamientos establecidos en el Plan Estatal de Desarrollo.

Estrategia

Suministrar de manera transparente y responsable los recursos humanos y materiales que soliciten las dependencias, entidades y organismos para el cumplimiento de sus metas y objetivos.

Meta

Instaurar, armonizar y normalizar el GrP con la nueva estructura de planeación, programación, evaluación y control establecida en la metodología de la Gestión para Resultados que soporta el diseño del Plan Estatal de Desarrollo.

Líneas de Acción:

3.16.1 Administrar y consolidar la estructura organizacional del gobierno.

3.16.2 Diseñar e implementar un Sistema Integral de Administración Gubernamental de los recursos disponibles, en atención a la nueva estructura programática de la administración pública, aplicando políticas de modernización continua y de desarrollo gubernamental, con base en el Plan Estatal de Desarrollo

3.16.3 Coadyuvar con la Secretaría de Finanzas y Planeación en la estandarización de los procesos institucionales establecidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).

3.16.4 Impulsar el uso de medios electrónicos internos para el control de los procesos administrativos.

3.16.5 Adquirir nueva infraestructura tecnológica para eficientar el trabajo del gobierno estatal.

3.16.6 Optimizar el gasto corriente para la generación de ahorros que se orienten a prioridades sustantivas del Plan Estatal de Desarrollo.

3.16.7 Atender en tiempo y forma, las solicitudes administrativas efectuadas por las dependencias, entidades y organismos.

3.16.8 Implementar estrategias para fomentar un buen clima laboral entre el gobierno y los servidores públicos.

3.16.9 Efectuar de acuerdo a los perfiles de puesto establecidos, la contratación de personal requerido por las dependencias, entidades y organismos.

3.16.10 Establecer y administrar responsablemente el sistema de incentivos, estímulos y prestaciones para los trabajadores del estado. 1

3.16.11 Integrar y publicar el catálogo de puestos y tabulador de sueldos.

3.16.12 Garantizar la correcta integración de las estructuras orgánicas.

3.16.13 Actualizar la normatividad que sustenta la legalidad de la operatividad interna, asesorando legalmente al Titular y a las Unidades Administrativas en el ejercicio de sus funciones, en términos de transparencia y acceso a la información pública.

3.16.14 Integrar y actualizar el registro de funcionarios públicos estatales.

3.16.15 Fortalecer y operar, en coordinación con las dependencias y entidades del Ejecutivo, el Programa Institucional anual de Capacitación, así como la Plaza Comunitaria, a los servidores públicos del Gobierno del Estado.

3.16.16 Aplicar evaluaciones cuatrimestrales al desempeño laboral de los trabajadores al servicio del estado.

3.16.17 Promover ahorros y reducción de costos, a través de un trabajo coordinado con las dependencias y entidades del estado, a fin efectuar compras consolidadas.

3.16.18 Concentrar, Administrar, Comprometer y Pagar el Capítulo 1000 de las dependencias, entidades y organismos públicos del Poder Ejecutivo.

3.16.19 Formular en coordinación con las secretarías de la Gestión Pública y Finanzas y Planeación, la normatividad para los proceso de adquisiciones.

3.16.20 Conformar y actualizar en coordinación con las dependencias, entidades y organismos públicos, el programa anual de adquisiciones, arrendamiento y prestación de servicios para la administración pública estatal.

3.16.21 Integrar y actualizar el padrón de proveedores de bienes y servicios para la administración estatal.

3.16.22 Integrar, actualizar y administrar el inventario de bienes muebles, propiedad del gobierno estado.

3.16.23 Coordinar las acciones en materia de seguridad y salud en espacios destinados al cumplimiento de las funciones y actividades de los trabajadores.

3.16.24 Integrar y ejecutar programas de mantenimiento preventivo y correctivo a los bienes muebles e inmuebles.

3.16.25 Impulsar la transparencia de los procesos realizados por el comité de adquisiciones.

3.16.26 Garantizar la representatividad gubernamental en las zonas norte y centro del estado, así como en la Ciudad de Mérida, Yucatán y en la Ciudad de México, que faciliten una oportuna y mejor atención a la demanda y consulta de la ciudadanía.

3.16.27 Administrar con mayor eficiencia y eficacia el hangar de gobierno.

3.16.28 Apoyar en la logística de los eventos cívicos, sociales y culturales realizados por el gobierno del estado.

3.16.29 Administrar el Sistema Institucional de Archivos.

3.16.30 Atender las actividades administrativas, técnicas, jurídicas y de staff.

PROGRAMA 17: GESTIÓN Y CONTROL GUBERNAMENTAL.

Objetivo

Impulsar una administración pública ordenada, controlada y transparente en la obtención de resultados y materialización de sus metas, que garantice la efectiva rendición de cuentas y el combate frontal a la corrupción.

Estrategia

Desarrollar un programa integral de orden y control sustentando en medios de verificación, que permita obtener la comprobación de avances mesurables y la rendición de cuentas en el cumplimiento de objetivos y metas establecidos en el Plan Estatal de Desarrollo.

Meta

Integrar, con apoyo de todos los sectores, un modelo de orden, control y probidad gubernamental con enfoque a resultados.

Líneas de Acción:

3.17.1 Elaborar los lineamientos de seguimiento, control y vigilancia respecto a las acciones, planes, programas o proyectos emprendidos por el gobierno.

3.17.2 Identificar mejores prácticas nacionales e internacionales en materia de gestión pública, para implementarlas en el gobierno estatal.

3.17.3  Coadyuvar con la secretaría de Finanzas y Planeación y la Oficialía Mayor, la reestructura orgánica de las dependencias y entidades estatales para el cumplimento de los objetivos establecidos en el Plan Estatal de Desarrollo.

3.17.4 Consolidar el proceso de modernización del marco jurídico y administrativo y de control interno estatal que fortalezca la actuación de las instituciones públicas, el desarrollo de los sectores productivos y favorezcan la convivencia armónica entre los ciudadanos.

3.17.5 Emitir reportes ejecutivos de control y vigilancia respecto a las acciones emprendidas por las dependencias, entidades y organismos para el cumplimiento de los objetivos establecidos en el Plan Estatal de Desarrollo.

3.17.6 Comprobar en coordinación con la Secretaría de Finanzas y Planeación, el avance físico y presupuestal de las obras establecidas en los programas presupuestarios.

3.17.7  Determinar criterios de evaluación y control a fin de sancionar las actividades vinculadas al Comité de Planeación y Desarrollo del Estado.

3.17.8 Efectuar auditorías de contables, de gasto y financieras a los programas presupuestarios de las dependencia, entidades y organismos.

3.17.9 Vigilar el desempeño de las Entidades de la Administración Pública Paraestatal a través del Comisario Público en los órganos de Gobierno.

3.17.10. Gestionar la realización de Evaluaciones Externas a los programas, proyectos y planes ejecutados por la administración.

3.17.11 Registrar y designar a los despachos externos que realizarán las auditorías, en las dependencias, entidades y demás fondos o fideicomisos que ejercen recursos públicos así como normar y evaluar su desempeño.

3.17.12 Proponer en coordinación con la Secretaría de Finanzas y Planeación, acciones para el fortalecimiento institucional y correcta aplicación del Presupuesto con base en Resultados.

3.17.13 Establecer y fortalecer programas que modernicen la gestión pública con criterios de eficiencia y calidad, incorporación de nuevas tecnologías, disciplina presupuestal, optimización de recursos, maximización de resultados y actualización y aplicación eficaz del marco normativoadministrativo.

3.17.14 Realizar las acciones que promuevan y fortalezcan la modernización del quehacer institucional mediante la implementación de técnicas, herramientas y metodologías que apoyen la gestión pública.

3.17.15 Asesorar a los municipios en el desarrollo y aplicación de modelos locales de evaluación, seguimiento y control de la programación presupuestaria.

3.17.16 Actualizar y promover, con apoyo de todos sectores, el código de ética para la administración estatal.

3.17.17 Integrar y actualizar en coordinación con las dependencias, entidades y órganos administrativos desconcentrados, el Catálogo Único de Trámites y Servicios Estatales.

3.17.18 Promover y fortalecer acciones de simplificación de trámites y servicios estatales con base en procesos electrónicos y gestión en línea en el marco del Sistema de Registro e Inventarios de Trámites y Servicios.

3.17.19 Efectuar evaluaciones sobre la percepción ciudadana en la prestación de trámites y servicios estatales.

3.17.20 Incentivar la denuncia ciudadana, presencial y remota ante actos de corrupción en el funcionamiento del gobierno.

3.17.21 Establecer mecanismos tendientes al fortalecimiento de la participación ciudadana en el quehacer gubernamental a través de la Contraloría Social que contribuyan al uso adecuado de la aplicación de los recursos públicos.

3.17.22 Establecer un canales presenciales y remotos de comunicación, queja y denuncia inmediata, ante actos de corrupción.

3.17.23 Atender las quejas y denuncias ciudadanas presentadas con relación al funcionamiento del gobierno.

3.17.24 Participar y supervisar el cumplimiento estricto de la ley en los procedimientos de licitación y adjudicación.

3.17.25 Vincular a testigos ciudadanos en los procesos de licitación y adjudicación.

3.17.26 Supervisar la ejecución de obras públicas de acuerdo a los términos establecidos y estándares de calidad pactos.

3.17.27 Efectuar medidas de control y seguimiento a los procesos de contratación realizados a través del Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental denominado Compranet.

3.17.28 Garantizar la correcta aplicación del sistema de bitácora electrónica de obra pública (BEOP).

3.17.29 Verificar y certificar la correcta integración de expedientes técnicos y unitarios de obra pública y servicios complementarios.

3.17.30 Promover y registrar las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos del estado.

3.17.31 Sistematizar las declaraciones patrimoniales, fiscal y de intereses, así como las de antecedentes no penales de todos los servidores públicos.

3.17.32 Ejecutar los procedimientos de responsabilidad administrativa hasta su resolución y el registro de sanciones.

3.17.33 Impulsar la capacitación a funcionarios estatales respecto a responsabilidad administrativa.

3.17.34 Administrar el programa de entrega-recepción. 35. Atender las actividades administrativas, técnicas, jurídicas y de staff.

PROGRAMA 18: ROBUSTECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS

Objetivo:

Administrar gerencialmente la deuda pública a fin de que, gradualmente, se tengan finanzas públicas sanas que posibiliten capitalizar las acciones estratégicas del gobierno establecidas en el Plan Estatal de Desarrollo.

Estrategia:

Establecer un modelo de acción conjunta con el gobierno federal para la reestructuración de la deuda pública y la atención de obligaciones y pasivos contingentes, aunado a la diversificación de las fuentes propias de financiamiento para incrementar los recursos propios, con el fin de dar cumplimiento a los objetivos y las metas establecidas en el Plan Estatal de Desarrollo.

Meta:

Reestructurar la deuda pública en los primeros tres meses de gobierno, garantizando nula afectación al gasto social, así como la no contratación de nueva deuda durante el sexenio.

Líneas de Acción:

3.18.1 Efectuar un manejo eficiente, ordenado y transparente de las finanzas públicas, con base en los programas presupuestarios establecidos para la atención del Plan Estatal de Desarrollo.

3.18.2 Transparentar la deuda pública estatal, considerando los pasivos contingentes y las obligaciones de pago, a fin de evaluar acciones transversales que garanticen sostenibilidad en los pagos y responsabilidad hacendaria en el ejercicio de gobierno.

3.18.3 Impulsar, en coordinación con acreedores y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mesas de análisis para el pago del servicio de la deuda.

3.18.4 Desarrollar, en coordinación con las dependencias, entidades y organismos, estrategias encaminadas a elevar los ingresos propios.

3.18.5 Aplicar de manera efectiva la contabilidad gubernamental, registrando y fiscalizando los activos, pasivos, ingresos y gastos.

3.18.6 Diseñar, en coordinación con las dependencias, entidades y organismos, medidas de prudencia y responsabilidad hacendaria.

3.18.7 Integrar con austeridad y privilegiando el gasto de inversión, la política fiscal y hacendaria de la administración estatal.

3.18.8 Evaluar, en coordinación con la secretaría de la Gestión Pública, la eficacia y eficiencia del gasto y los ingresos, con base en lo establecido dentro de los programas presupuestarios.

3.18.9 Vigorizar los procesos de revisión, reestructuración y compatibilización de modelos contables.

3.18.10 Fortalecer el sistema interno de contabilidad gubernamental para el registro de operaciones presupuestales y contables.

3.18.11 Apoyar a los gobiernos municipales para mejorar sus sistemas de recaudación local.

3.18.12 Disponer que en la página web del gobierno del estado se encuentre la información financiera de todas las dependencias, entidades y organismos, con base en los programas presupuestarios.

3.18.13 Normar, en coordinación con la Oficialía Mayor, los recursos humanos, financieros y materiales asignados a las dependencias y entidades, con base en los programas presupuestarios.

3.18.14 Impulsar, en coordinación con los gobiernos municipales, campañas de promoción al pago de contribuciones por parte de los ciudadanos.

3.18.15 Integrar un registro documental de información, con requisitos básicos para el cumplimiento del pago de impuestos por parte de los ciudadanos.

3.18.16 Conformar y actualizar el padrón de contribuyentes.

3.18.17 Impulsar, en coordinación con instituciones de educación superior, la integración de claves únicas de contribuyentes.

3.18.18. Fortalecer los servicios de bancarización y pago electrónico de contribuciones.

3.18.19 Recabar y sistematizar, en coordinación con los gobiernos municipales, la información relativa a los ingresos efectuados.

3.18.20 Promover, en coordinación con los gobiernos municipales, estímulos para el pago oportuno de impuestos o, en su caso, la regularización de pagos.

3.18.21 Impulsar acuerdos de coordinación fiscal con la federación para el cumplimiento de obligaciones.

3.18.22 Fortalecer, con apoyo de herramientas tecnológicas, las tareas efectuadas por las Oficinas Recaudadoras.

3.18.23 Integrar y actualizar, con apoyo de las herramientas tecnológicas, la matriculación de vehículos en el estado.

3.18.24 Efectuar, en coordinación con la federación, actos de fiscalización para el cumplimiento de obligaciones en materia de impuestos, derechos, productos y aprovechamientos.

3.18.25 Actualizar, en coordinación con la secretaría de la Gestión Pública, el marco normativo y de operación financiera de la administración pública estatal a los principios establecidos en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades y Municipios.

3.18.26 Analizar, en coordinación con los sindicatos de trabajadores y la Oficialía Mayor, la reestructura y optimización del sistema estatal de pensiones, en beneficio de los trabajadores.

3.18.27 Efectuar, en coordinación con los gobiernos municipales y con sustento en el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, estimaciones presupuestales y de gasto con relación a las participaciones y aportaciones.

3.18.28 Transparentar los fideicomisos relacionados con la operatividad del Fondo General de Participaciones.

3.18.29 Integrar, en coordinación con las dependencias, entidades y organismos, los diagnósticos base para la justificación de los programas de gasto público.

3.18.30 Integrar, en coordinación con las dependencias, entidades y organismos, las claves presupuestales de los programas presupuestarios, en atención a los principios establecidos por el CONAC.

3.18.31 Integrar y administrar, con apoyo de las dependencias, entidades y organismos, la Cartera de Inversión Estatal.

3.18.32 Crear la Unidad de Inversión Estatal para la Gestión de Fondos y Cooperación Financiera.

3.18.33 Establecer esquemas de participación y financiamiento alternativo a través de modelos de asociaciones público–privadas.

3.18.34 Generar la información para alimentar un micro-sitio de Transparencia Presupuestaria de Quintana Roo.

3.18.35 Mejorar, en coordinación con la secretaría de Gestión Pública, los procesos y servicios que presta el gobierno del estado a través de la Secretaría de Finanzas.

3.18.36 Impulsar programas de calidad total en la atención a usuarios internos y externos de los servicios tributarios.

3.18.37 Actualizar y modernizar la cartografía estatal, así como promover la actualización de los registros catastrales mediante la inserción del catastro rural, a efecto de ampliar la base contributiva, la generación de la Cédula Única Catastral y Registral, proporcionando los medios legales (convenios institucionales) y electrónicos (firma electrónica) para el cobro de derechos devengados por conceptos generadores de certeza jurídica.

3.18.38 Explorar, en coordinación con los gobiernos municipales, la posibilidad de eliminar las excepciones del pago del impuesto predial a las dependencias y entidades del sector público federal, manteniendo la excepción a instituciones educativas.

3.18.39 Eficientar y transparentar la labor del Registro Público de la Propiedad para la prestación de mejores servicios a los ciudadanos.

3.18.40 Elaborar un censo de contribuyentes para incrementar la base gravable en la entidad.

3.18.41 Impulsar mecanismos de participación ciudadana para el análisis de las finanzas pública.

3.18.42 Atender las actividades administrativas, técnicas, jurídicas y de staff.

PROGRAMA 19: PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN ESTRATÉGICA.

Objetivo:

Impulsar la modernización de la administración pública estatal, de tal manera que las estructuras y los procedimientos gubernamentales sigan el modelo de una Gestión para Resultados que permita la creación de valor público.

Estrategia:

Instaurar el Modelo de Programación y Evaluación del Desempeño con Base en Resultados, conjuntamente con la armonización organizacional y presupuestal, conforme la estructura establecida en el Plan Estatal de Desarrollo.

Meta:

Posicionar a Quintana Roo entre los primeros diez lugares en la evaluación nacional del Índice General de Avance de PbR-SED.

Líneas de acción:

3.19.1 Fortalecer el Marco Normativo del Sistema Estatal de Planeación.

3.19.2 Vigorizar el funcionamiento del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Quintana Roo (COPLADE).

3.19.3 Instaurar Consejos Interinstitucionales de apoyo a la planeación del estado.

3.19.4 Consolidar la Gestión para Resultados.

3.19.5 Generar modelos de programación, presupuestación, ejercicio, evaluación, seguimiento y control, de las acciones emprendidas por la administración, con fundamento en el Plan Estatal de Desarrollo.

3.19.6 Integrar, en colaboración con las dependencias, entidades y organismos, la programación presupuestal anual.

3.19.7 Celebrar, en coordinación con la secretaría de la Gestión Pública, capacitaciones semestrales para la integración de la programación presupuestal anual.

3.19.8 Efectuar anualmente un análisis de atención a las líneas de acción del Plan Estatal de Desarrollo.

3.19.9 Integrar y vincular áreas funcionales con claves presupuestales.

3.19.10 Integrar anualmente el Programa Estatal de Evaluación.

3.19.11 Conformar, en coordinación con las dependencias, entidades y organismos, la red de enlaces para la evaluación del cumplimiento de los programas presupuestarios.

3.19.12 Diseñar, en coordinación con las dependencias, entidades y organismo, indicadores estratégicos y de gestión para monitorear el cumplimiento de los programas presupuestarios.

3.19.13 Operar un Sistema de Evaluación al Desempeño con enfoque en PbR.

3.19.14 Evaluar trimestralmente los programas presupuestarios de la administración estatal.

3.19.15 Dar cumplimiento a los requerimientos de las entidades auditoras.

3.19.16 Efectuar, en coordinación con la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información, la publicación de información en materia de evaluación del desempeño.

3.19.17  Mejorar los sistemas para la integración de la Propuesta Anual de Inversión Pública y de Información de Programas y Servicios Institucionales.

3.19.18 Asesorar, en coordinación con la Secretaría de la Gestión Pública, a gobiernos municipales del estado para la integración de sus modelos de planeación en materia de administración, economía y urbanización.

3.19.19 Atender las actividades administrativas, técnicas, jurídicas y de staff.

PROGRAMA 20: GERENCIA PÚBLICA.

Objetivo:

Reestructurar la administración pública estatal para construir y renovar relaciones con los diferentes niveles de gobierno, academia y organismos públicos y privados en el ámbito de su competencia, que permitan la edificación de un gobierno gerencial, corresponsable y cercano a la sociedad.

Estrategia:

Coordinar y encaminar la implementación de acciones estratégicas emprendidas por las dependencias y entidades del gobierno estatal hacia la consecución de las metas establecidas en el plan de gobierno, así como al cumplimiento de los compromisos establecidos con la sociedad.

Meta:

Crear cuatro mecanismos que brinden atención oportuna a todos los actores de la sociedad.

Líneas de acción:

3.20.1 Coordinar las propuestas de creación, reforma, adición y derogación de leyes estatales que se presentaran ante el Congreso Local.

3.20.2 Promover y coordinar las relaciones con las autoridades de los municipios pertenecientes al estado en materia de desarrollo urbano, económico y social.

3.20.3 Generar vínculos con autoridades municipales, estatales y federales para lograr acuerdos en beneficio de la entidad.

3.20.4 Mantener comunicación permanente con actores públicos, privados y de la sociedad civil.

3.20.5 Integrar el censo estatal de organizaciones de la sociedad civil, así como brindar capacitaciones para su fortalecimiento y vinculación con la autoridad.

3.20.6 Desarrollar y coordinar actividades de monitoreo y seguimiento a las acciones, proyectos y programas que se definan como prioritarios o estratégicos dentro de los objetivos del Plan Estatal de Desarrollo.

3.20.7 Coordinar la gestión de los recursos estatales ante las respectivas instancias legislativas.

3.20.8 Gestionar y dar seguimiento a los acuerdos e instrucciones realizadas por el Gobernador.

3.20.9 Mantener relación institucional con el poder judicial y los órganos autónomos del estado.

3.20.10 Dar seguimiento a las solicitudes presentadas por los ciudadanos.

3.20.11 Atender las actividades administrativas, técnicas, jurídicas y de staff.